- Mas de un centenar de los fallecidos tenían 70 años o más
- La crisis afectó a 32 residencias, 1.315 personas se quedaron sin terapias ni tratamientos, y otras 5.000 con algún tipo de dependencia se vieron afectadas por la falta de funcionamiento de 10.000 ascensores en sus viviendas
- La Fundación ONCE y CERMI CV recomiendan la aplicación del Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) y pasar a “un modelo preventivo de gestión del riesgo”
Madrid, 26 de noviembre de 2025.- La dana de octubre de 2024 afectó directamente a 1.650 personas con discapacidad, de las que 53 fallecieron bien por efecto directo de la emergencia (10 víctimas), por su dependencia de los servicios de teleasistencia (37 víctimas) o por estar ubicadas en la residencia de mayores de Paiporta (6 victimas), según refleja el Barómetro de Catástrofes 2024 presentado hoy en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes, celebrado bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey, en el Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid.
El informe, que recoge datos de la Fundación ONCE y CERMI CV, enfatiza que las trágicas consecuencias de la dana en vidas humanas -236 víctimas mortales (7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía oriental y 228 en la Comunidad Valenciana, según datos de Protección Civil)- “revelan el impacto desproporcionado de estas catástrofes sobre los colectivos más vulnerables”. De hecho, más de un centenar de los fallecidos tenía 70 años o más.
Las estimaciones más conservadoras elevan a 40 millones de euros el impacto directo e indirecto de la dana sobre el colectivo de personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. Más de 300 agentes vendedores de la ONCE sufrieron incidencias y aproximadamente 200 de ellos tuvieron que dejar sus tareas temporalmente. Esto supuso una pérdida de unos 300.000 euros en rentas de trabajo.
De acuerdo con el análisis del Barómetro, “la vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad no es una condición inherente a la discapacidad, sino el resultado directo de un entorno con barreras físicas, comunicativas y sociales que agravan drásticamente su exposición al riesgo”. Y añade: “La respuesta a esta crisis ha demostrado que la accesibilidad universal es una herramienta transformadora que fortalece la resiliencia comunitaria y optimiza la eficacia de la respuesta ante las emergencias”.
El informe denuncia que “la catástrofe ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de apoyo existentes. La insuficiencia en la planificación de la evacuación y el rescate fue un fallo estructural, ya que los planes de emergencia genéricos demostraron ser insuficientes y, de facto, discriminatorios”.
La crisis provocada por la dana afectó a 32 centros residenciales: 1.315 personas se quedaron sin acceso a terapias, tratamientos y actividades vitales para su desarrollo, “lo que puede conducir a regresiones en los avances logrados y dificultar la recuperación futura. “
Más de 10.000 ascensores quedaron fuera de servicio a causa del desastre, lo que agravó la situación de aislamiento de los discapacitados: unas 5.000 personas con algún tipo de discapacidad, dependencia o movilidad se vieron afectadas directamente por la falta de funcionamiento de los ascensores en sus viviendas. La avería de los ascensores supuso el confinamiento forzoso de las personas con movilidad reducida, que no pudieron realizar actividades esenciales como acudir a citas médicas, recibir terapias o, simplemente, salir de casa. Los daños del siniestro en infraestructuras viarias y de transporte público también o limitaron el acceso a servicios esenciales, “lo que resulta especialmente crítico para colectivos con alta dependencia de la silla de ruedas”.
El Barómetro de Catástrofes también pone en evidencia los fallos en los sistemas de alerta y comunicación inclusiva, “especialmente los difundidos por medios sonoros (sirenas, megafonía), que resultaron completamente ineficaces para las 450 personas sordas identificadas en las zonas más impactadas”. De igual forma, la interrupción de la electricidad y las telecomunicaciones, junto a la pérdida o daño de dispositivos móviles, impidió el uso de canales de comunicación digitales, que son vitales para el colectivo sordo. Para las personas sordociegas, la falta de formatos táctiles o vibratorios, supuso un aislamiento casi total.
La interrupción del acceso a medicación vital y a terapias esenciales reveló una grave falta de planes de contingencia en el sistema público. El cierre de farmacias, la inaccesibilidad de los centros de salud y la pérdida de recetas médicas, dejaron a muchas personas sin los tratamientos necesarios.
Entre las recomendaciones de la Fundación ONCE y CERMI CV, se encuentra la aplicación del Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) en todas las políticas y planes de emergencia de las administraciones públicas, lo que exige un cambio de paradigma: pasar a un modelo preventivo de “gestión del riesgo”. El PEI debe incluir un registro oficial de vulnerabilidad, accesible y voluntario que identifique a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables.
De igual forma, califica de “fundamental” aplicar de manera estricta el principio de “reconstruir mejor”, sin limitarse a reparar lo dañado.” Toda la infraestructura dañada debe reconstruirse bajo los principios del diseño y la accesibilidad universal, lo que supone eliminar barreras arquitectónicas, instalar sistemas de transporte accesibles y asegurar la accesibilidad cognitiva con señalética clara y pictogramas.
La hoja de ruta de la Fundación ONCE para una evacuación y recuperación inclusivas, recomienda también, entre otras cuestiones, implementar formación y simulacros inclusivos obligatorios, creación de un fondo social específico, impulsar la innovación y la tecnología inclusiva para emergencias, y el establecimiento de un Observatorio de Emergencias y Discapacidad.